6 de enero de 2012

"En Colombia con los proyectos extractivistas minero-energéticos, los horrores apenas están comenzando"


Entrevista con la consultora en derechos ancestrales, Gladys Jimeno Santoyo
Por Fernando Arellano Ortiz- Cronicon.net

La tragedia humanitaria en Colombia se puede agravar si no se le pone límites a las ambiciones económicas de las transnacionales de la megaminería y los proyectos de explotación de recursos energéticos que no solamente van arrasar con el medio ambiente sino que atentan contra la vida misma. La advertencia es de la consultora en derechos de comunidades y territorios ancestrales, Gladys Jimeno Santoyo.


No obstante el propósito del capital financiero especulativo internacional para desplazar a buena parte de las comunidades indígenas, afrodescendientes y gitanas y adueñarse de sus respectivos territorios, la Constitución colombiana dispone de instrumentos jurídicos para enfrentar esta seria amenaza.

En efecto, la figura constitucional del derecho a la consulta previa y al consentimiento libre e informado que tienen las minorías étnicas respecto de los megaproyectos, constituye hoy en día un tema crucial en Colombia, más cuando el modelo neoliberal impulsado desde hace más de 20 años se centra fundamentalmente en la extracción y explotación de los recursos naturales como base de la economía.

La consulta previa, explica Jimeno Santoyo, está dirigida "a proteger el derecho ancestral sobre el territorio y las costumbres de las comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas y gitanos. Muchos de los territorios de estas comunidades en Colombia buscan ser controlados por transnacionales para aprovecharse de su riqueza y pretenden con la complicidad del Estado de que los derechos de usufructo les sean cedidos. Esta es la encrucijada". Por ello, agrega en forma categórica: "o el país permite un desarrollo libre a los proyectos minero-energéticos o les coloca unos límites para garantizar la supervivencia de los grupos étnicos dentro de sus territorios y con su cultura".

Sicóloga de la Universidad Nacional de Colombia y consultora en la elaboración de análisis de política sobre megaproyectos mineros en territorios indígenas, Gladys Jimeno ha asesorado a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior, entre otras entidades públicas. Es autora de diversos ensayos y artículos de prensa.

Dada la magnitud del impacto negativo que empieza a tener el modelo extractivista que han impulsado con ahínco los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos y que de seguro afectará aún más la tragedia humanitaria que vive Colombia, el OBSERVATORIO SOCIOPOLÍTICO LATINOAMERICANO WWW.CRONICON.NET, dialogó con esta experta en el tema.

TRANSNACIONALES USAN CONFLICTO ARMADO PARA BENEFICIO DE SUS INTERESES

- ¿En Colombia se ha cumplido con rigurosidad la consulta previa a las comunidades indígenas, afrodescendientes y rom en el caso de los megaproyectos como lo exige la Constitución?

- Con rigurosidad en ningún caso, o en muy pocos. Las consultas que han tenido alguna rigurosidad se han debido básicamente al esfuerzo de funcionarios de los Ministerios del Interior y del Medio Ambiente que tienen un conocimiento, una responsabilidad y una visión, pero no han respondido a una política pública. Yo diría que la política pública silenciosa después de cuatro años de expedida la Constitución cuando se inició la primera consulta previa oficialmente bajo el Convenio 169 de la OIT fue la de los Uwa en 1994. Entre ese año y 1999 se hizo un primer esquema con muchas discusiones, signado por muchísimos conflictos, mediados por las primeras sentencias de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y por fallos de algunos jueces sobre tutelas que ponían los grupos étnicos contra el Estado. A partir del año 2000 la posición de los diferentes gobiernos ha sido que la consulta hay que minimizarla, hay que dejarla que sea manipulable por la institucionalidad y por los intereses empresariales.

- ¿Ha habido mucha manipulación por la parte institucional y empresarial?

- Muchísima y sobre todo, lo más grave, han sido las prácticas de mala fe.

- ¿Cómo por ejemplo?

- Hay prácticas que configuran mala fe, u otras como por ejemplo, usar el conflicto armado a favor de intereses privados. Hay casos comprobados como los de la Drummond y Chiquita Brands que utilizaron grupos armados ilegales, pero no son las únicas empresas que optan por estoas prácticas, se puede hablar también de lo que ocurre en el sur de Bolívar con el uso de la minería. Hay una cultura oculta de las empresas de utilizar el contexto de violencia local para presionar a las comunidades a fin de que no se opongan a los proyectos extractivos en los territorios. Por eso amenazan, acorralan, aterrorizan a comunidades, líderes y organizaciones sociales. Esa es la historia en el Congo y está siendo la historia en Colombia.

- Es una forma de violentar los derechos humanos…

- Claro, porque la consulta previa es un mecanismo que también es un derecho, además es un espacio y un proceso de diálogo interétnico e intercultural entre las comunidades indígenas, afrodescendientes, gitanas o rom, y el consentimiento del que se empieza a hablar ahora es otro derecho. Esos derechos apuntan a garantizar la integridad étnica, cultural, territorial, y la pervivencia de esas comunidades, lo cual es de interés nacional.

- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) habla del consentimiento libre e informado por parte de las comunidades cuando van a ser afectadas con la ejecución de megaobras de gran impacto. ¿En Colombia esa figura está incorporada en la legislación?

- El consentimiento libre previo e informado si está en la Constitución colombiana, lo que ocurre es que está dicho de otra manera. Cuando la Carta Política habla de que los grupos étnicos tienen el derecho a autodeterminarse y autogobernarse se está asimilando esta figura de la que habla la OIT que está ganando terreno en el sentido de ser respetada en medio de los múltiples conflictos.

- ¿El modelo extractivista que en el caso colombiano es una imposición del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial está atentando contra la pervivencia de estas comunidades ancestrales?

- Sí, atenta en la medida en que no sean reconocidos los derechos que tienen estas comunidades a pervivir. Para pervivir hay unos mecanismos que estableció el Convenio 169 de la OIT que ratificó y avanzó.

- Si bien existen los mecanismos jurídicos, el modelo neoliberal los está violando y eso se ve con la locomotora minera y de agronegocio del gobierno de Santos, por ejemplo…

- Sí, pretende desconocerlos, pero creo que la resistencia que hay es más fuerte de lo que se espera y se quiere. Yo considero que va a haber muchos procesos en los que se hará respetar la pervivencia de las comunidades.

- ¿Qué le hace pensar eso?

- Cómo veo yo la situación. El Estado colombiano ha sido históricamente patrimonial, es decir está acostumbrado a depender de familias, de empresas, en definitiva, de intereses privados nacionales e internacionales. Las políticas y el modelo económico se enmarcan dentro de una hegemonía global de creer que la sociedad de mercado y el sistema capitalista son los únicos posibles y que hacia allá hay que dirigirse y someterse. La realidad es que la diversidad nuestra nos indica otra cosa. Aquí subsisten modelos de economía de premercado y de mercado no capitalista. Sin embargo, el poder económico tanto nacional como internacional está ligado al poder político del Estado, y yo diría algo más, la mayoría de los Estados hoy en día se pliegan a ese poder económico y determinan las políticas de acuerdo a las visiones e intereses empresariales. En consecuencia, la relación Estado-empresa frente a las comunidades es de por sí asimétrica y desequilibrada. Entonces, el diálogo por el respeto a los derechos es inequitativo y ello constituye un problema para la aplicación de los procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado. Esa prepotencia del poder da lugar a malas prácticas como la cooptación de sectores de las comunidades y la desinformación a las mismas en el momento de poner en marcha un proyecto.

- La puesta en marcha de estos proyectos como los de megaminería, por ejemplo, no solamente causan depredación del medio ambiente sino desplazamiento humano, lo cual atenta también contra la pervivencia de las comunidades y sus territorios…

- Sí, claro, es una violación a los derechos humanos concretamente a vivir en un ambiente sano o al derecho al agua. Pero no solamente eso, es que un proyecto extractivista de recursos atenta contra las fuentes de trabajo, aunque la empresa que desarrolla el proyecto dice que genera miles de empleos. Pero es una verdad a medias: genera por ejemplo, mil empleos pésimamente mal remunerados, pero desplaza nueve mil.

- ¿A las comunidades en Colombia les queda el derecho a la resistencia y a la desobediencia civil frente a los embates de este modelo criminal del neoliberalismo?

- Yo creo que sí, a las comunidades étnicas les queda el derecho a la resistencia y también a optar por formas más activas de consolidación de sus vidas. Por sentencias internacionales un megaproyecto que desplace a comunidades enteras ya no es posible a menos que se cuente con el consentimiento de éstas. Ese ya es un estándar que sentó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo acogió la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas, y lo ha señalado en tres sentencias nuestra Corte Constitucional al precisar que el modelo capitalista tiene unos límites.

- Pero si no se pone límites al modelo extractivista en Colombia se puede agravar la emergencia humanitaria que está padeciendo el país…

- Sí se puede agravar, más aún cuando el gobierno de Álvaro Uribe entregó al país, lo regaló, y si a eso se añade el fenómeno de la corrupción en distintos niveles, nacional y regional, Colombia está es ante un campanazo que debe sacudir la conciencia.

- ¿El Plan de Desarrollo del gobierno de Juan Manuel Santos atenta contra los derechos humanos?

- Completamente porque atenta contra la vida, y porque no tiene límites en lo ambiental y en los derechos de las comunidades campesinas agrarias. Las comunidades tienen derecho a escoger un modelo agrario diferente a la inserción del modelo del libre mercado. En el gobierno de Uribe se ferió el país; en los gobiernos anteriores se lo adecuó legislativamente para el modelo extractivo, y al gobierno de Santos le corresponde echar a andar la maquinaria. Aquí apenas los horrores están empezando.



Bogotá, julio de 2011.

 

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