El Espectador, 3 de marzo de 2013
Un sistema fiscal transparente
que ha dado lugar a que las firmas mineras tengan utilidades excesivas.
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| Imagen Fuente El Espectador |
“En el caso del carbón, el
gobierno de Colombia, en realidad, lo fue regalando todo en 2007 y 2009. La
falta de un sistema fiscal eficiente y transparente ha dado lugar a que las
ganancias de algunas multinacionales, provenientes de exenciones impositivas,
sean mayores a lo que pagan en renta y regalías”.
Esta es una de las principales
conclusiones a las que llegó ABColombia, un grupo de organizaciones no
gubernamentales del Reino Unido e Irlanda —entre las que se encuentran Oxfam y
Christian Aid—, en su estudio titulado Regalándolo todo: las consecuencias de
una política minera no sostenible, al que este diario tuvo acceso.
De acuerdo con el documento, el
país sigue en riesgo de perder millonarias riquezas provenientes de la
explotación de minerales “si no revisa su régimen fiscal”. Y también es
vulnerable a más violaciones en lo que respecta a derechos humanos y daños
ambientales, al tiempo que el Estado continúa con la promoción del sector
minero-energético como uno de los jalonadores de la economía y de la inversión
extranjera directa.
Louise Winstanley, representante
de ABColombia, aseguró que durante 2007 el Estado colombiano perdió “el 53%
(incluidas las exenciones de hidrocarburos) de su ingreso posible por impuesto
a las ganancias en manos de multinacionales”. Según los cálculos expuestos por
el estudio, esta cifra pudo haber llegado a $3,82 billones. Entretanto, en 2009
“esa cifra aumentó drásticamente al 90%, lo que significa que después de
aplicadas las exenciones, Colombia sólo recibe el 10% del impuesto”.
“La minería no genera mucho
empleo. Realmente en Colombia los incentivos fiscales son muy fuertes. Lo que
queda de beneficio es bajo y hay falta de acceso a la información”, resaltó
Thomas Mortensen, representante en Colombia de la organización Christian Aid.
El estudio también señala que
otro de los grandes conflictos de la minería a gran escala es la consulta
previa con pueblos indígenas y afrocolombianos, atada a la falta de coherencia
del Gobierno a la hora de formular políticas para que convivan la minería y el
cuidado del medio ambiente.
Mortensen dijo que el informe
recomienda a las empresas mineras multinacionales que eviten invertir en países
donde hay conflictos por la tierra y que sigan al pie de la letra los procesos
de consultas previas con las comunidades. Según el documento, en el país “los
grandes proyectos económicos en territorios indígenas son los principales
contribuyentes al riesgo de extinción de 64 grupos étnicos”.
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