Por: Brigadas Internacionales de Paz- PBI
Colombia es uno de los países con
más biodiversidad en el mundo y alberga a más del 10% de las especies de
plantas y animales mundiales. Pero hoy día, el 40% del territorio colombiano
está concesionado o solicitado por empresas multinacionales para realizar
proyectos de extracción de minerales e hidrocarburos, lo cual refleja la intención
del Gobierno colombiano de convertir el país en una potencia minera y que tiene
consecuencias significativas para el ecosistema y las comunidades rurales.
Con el objetivo de estimular el
desarrollo del sector minero el Gobierno ha promovido cambios normativos que
han abierto camino para la intensificación de la explotación minera ya que declaró
la minería como una «actividad de utilidad pública y de interés social», lo que
permite la expropiación unilateral de bienes. También declaró la lucha contra
la minería «ilegal» y concedió títulos mineros en zonas protegidas como páramos,
resguardos indígenas y territorios colectivos afrodescendientes.
A través de su presencia en el
terreno y de su acompañamiento a personas y organizaciones defensoras de
derechos humanos y a comunidades desplazadas y retornadas, Peace Brigades International
ha podido observar que las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas
son las que más sufren los daños ambientales, culturales y socioeconómicos
causados por estos megaproyectos. De hecho, el 80% de las violaciones de los
derechos humanos que ocurrieron en Colombia en los últimos diez años se
produjeron en regiones minero-energéticas y el 87% de las personas desplazadas
proceden de estos lugares.
A pesar de que la Constitución
colombiana es una de las que más reconoce los derechos de las minorías étnicas
—en al país viven 102 pueblos indígenas y más de cuatro millones de personas afrodescendientes—
y protege sus culturas y el medio ambiente, las empresas mineras y los actores
armados ilegales han violado sus derechos, como muestran los casos descritos en
este boletín sobre las comunidades indígenas U ́wa, Barí y Wayúu y numerosas
comunidades afrodescendientes. Además, muchas comunidades rurales se sostienen
económicamente a través de la pequeña minería y hoy día se encuentran en un
limbo legal ya que no pueden formalizar su actividad.
Ante esta situación, muchas
comunidades han decidido organizarse, resistir y luchar por sus derechos usando
los recursos jurídicos y asociativos de los cuales disponen. Ejemplos de ello son
la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra y la realización de
consultas previas libres e informadas para decidir sobre el futuro de
territorios. En un momento en que Colombia se desempeña en la aplicación de la
Ley de víctimas y restitución de tierras, PBI busca llamar la atención sobre
una de las principales causas del despojo de la tierra: la competencia por el uso
del suelo y el subsuelo a raíz de la implementación de proyectos económicos.
Ante esta situación, hay mucho que la comunidad internacional puede hacer para
apoyar a estas iniciativas comunitarias.
PBI Colombia
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